Prevalencia y perfil de las personas afectadas
La movilidad reducida es una de las condiciones más frecuentes entre la población mayor española. Según la Encuesta de Discapacidad (EDAD) del INE, más de 3,4 millones de personas mayores de 65 años presentan limitaciones funcionales relacionadas con el movimiento. Esta cifra ha aumentado en términos absolutos por el envejecimiento demográfico, aunque la prevalencia relativa se ha estabilizado gracias a mejoras en la detección temprana y la rehabilitación. El perfil predominante es el de mujeres mayores de 75 años que viven solas o con un cónyuge de edad similar, un colectivo especialmente vulnerable a las consecuencias del deterioro progresivo de la movilidad.
Las patologías más asociadas son la artrosis, la osteoporosis, las secuelas de fracturas y las enfermedades neurológicas como el ictus o el Parkinson. En entornos rurales, la falta de transporte adaptado y de servicios de proximidad agrava notablemente la situación. El INE estima que en municipios de menos de 5.000 habitantes, la proporción de mayores con movilidad reducida que no accede a servicios de rehabilitación supera el 45 %, frente al 18 % en capitales de provincia.
El progresivo envejecimiento de la generación del baby boom español (nacidos entre 1957 y 1977) anticipa un aumento significativo de la prevalencia en la próxima década. Las proyecciones del CSIC sugieren que para 2035 el número de personas mayores con limitaciones severas de movilidad podría superar los 4,5 millones si no se refuerzan las políticas de prevención y rehabilitación.
Caídas, dependencia y coste sanitario
Las caídas son la consecuencia más grave e inmediata de la movilidad reducida en personas mayores. En España se producen cada año alrededor de 1,8 millones de caídas en mayores de 65 años, siendo la fractura de cadera la lesión más frecuente y costosa. La mortalidad al año de una fractura de cadera en personas mayores oscila entre el 20 y el 30 %, según datos de la SECOT. Más allá de la mortalidad, el 40 % de quienes sobreviven a una fractura de cadera no recuperan su nivel previo de autonomía, lo que los convierte en personas dependientes de forma permanente.
El coste directo de las caídas en mayores se estima en más de 2.000 millones de euros anuales para el sistema sanitario español, incluyendo hospitalizaciones, cirugías, rehabilitación y atención domiciliaria. A ello se suma el coste indirecto derivado del aumento de la dependencia y la reducción de la calidad de vida, que impacta también en los cuidadores informales. El Ministerio de Sanidad calcula que cada fractura de cadera en una persona mayor genera un coste medio de 9.500 euros en el primer año, sin contar la atención sociosanitaria posterior ni la carga familiar asociada.
El vínculo entre movilidad reducida y aislamiento social
La movilidad reducida no es solo un problema físico: sus consecuencias sociales son igualmente profundas. La dificultad para salir del domicilio, usar el transporte público o acudir a centros de día limita drásticamente las oportunidades de contacto social. Los datos del CIS muestran que el 62 % de las personas mayores con movilidad muy limitada se sienten solas con frecuencia, una tasa casi el doble que entre las que mantienen autonomía de movimiento. Esta brecha se amplía en los meses de invierno, cuando las condiciones meteorológicas dificultan aún más los desplazamientos y las actividades al aire libre.
Este aislamiento alimenta un círculo vicioso: la falta de estímulo social acelera el deterioro cognitivo y emocional, lo que a su vez reduce la motivación para mantener la actividad física y agrava la restricción de movilidad. La Encuesta Nacional de Salud del CSIC documenta que las personas mayores con movilidad reducida y aislamiento social simultáneo presentan un riesgo un 48 % mayor de desarrollar depresión que quienes mantienen contacto social regular a pesar de sus limitaciones físicas.
Intervenciones y el papel de la tecnología
La prevención y el abordaje de la movilidad reducida requieren un enfoque integral que combine rehabilitación física, adaptación del entorno y mantenimiento del vínculo social. Los programas de ejercicio terapéutico han demostrado reducir el riesgo de caídas hasta en un 30 %, pero la adherencia es baja cuando la persona mayor carece de motivación o de apoyo emocional. La SEGG recomienda integrar la intervención social como parte del tratamiento de rehabilitación, no como un complemento opcional.
Servicios de acompañamiento que no requieren desplazamiento, como las llamadas telefónicas personalizadas de Hermet, pueden romper el ciclo de aislamiento al mantener el vínculo social desde el propio hogar. Para personas mayores con movilidad reducida, una conversación diaria no solo combate la soledad sino que contribuye a preservar la función cognitiva, reforzar la adherencia al tratamiento y detectar precozmente señales de deterioro que de otro modo pasarían inadvertidas.